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Tensiones y debates
en torno a la reforma universitaria
Dolores S. Miranda Gierbolini
Catedrática, Dpto. de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales, UPR, Río Piedras
Las transformaciones que han
sufrido las universidades hacia finales del Siglo XX podrían
constituirse en un punto culminante de su historia. Hace una
generación que las universidades sufren una crisis de
confianza (Ostovich,1995). El proceso continuo de reformar
las universidades son evidencia de la importancia que éstas
le dan a su sentido y propósito (Ostovich,1995). En la
década de los noventa cobró auge una serie de propuestas
reformistas en busca de una reorientación de la misión y
organización de trabajo universitario. Estas gestiones
reformistas se han dado a lo largo y ancho del planeta. Un
aspecto que se destaca es el papel social de la universidad
y su significado como institución social cuyo propósito es
atender las necesidades de la sociedad.
Podríamos identificar cambios, de mayor alcance, que le ha
tocado vivir la universidad a través de su historia. Su
misión ha variado desde el “studium generale” a la
incorporación de la investigación (universidad humboltiana),
y del servicio (orientado a lo social y la productividad).
Ésta última es más de tradición estadounidense
(Ostovich,1995). Desde su creación, la autonomía ha sido una
piedra angular para su ordenamiento por lo que se le ha
caracterizado por la tensión entre sí y los poderes externos.
Estos poderes se constituyen en ordenadores mayores de turno.
Han variado desde la iglesia, el estado y más recientemente,
el mercado (Neave, 2000). Otros cambios sufridos durante los
últimos dos siglos, se pueden colocar dentro de las
categorías de modernización de la universidad, su expansión
o masificación y la mercantilización (Ramos,1996). La
modernización ha implicado poner la universidad como parte
de los desarrollos de la nación. La masificación corresponde
a la apertura y expansión de la universidad y la
proliferación de instituciones de educación superior,
dándoles acceso a los diversos sectores de la población. La
mercantilización implica una nueva forma del conocimiento
útil. Desde esta perspectiva el conocimiento que se produce
en la academia debe servirle al sector de la producción,
constituyendo el mismo en una mercancía. La educación
universitaria se revaloriza para la innovación tecnológica
creando productos mercadeables y provee destrezas que
acomode a los egresados en el mercado laboral (Vélez
Cardona, 2001).
El mercado se ha constituido en el orden superior de turno
con su discurso y prácticas implicadas. Como tal ha
reacondicionado a la universidad, emplazándola a que haga
los ajustes pertinentes de rigor de modo que se gane su
legitimación a tono con los tiempos. Esto sugiere que la
universidad ya no es manejada por la “mano invisible del
mercado” a través del estado, sino que deberá adoptar el
modelo corporativo como práctica cotidiana (Ramos, 1996).
Esta orientación hacia el mercado constituye un rector
significativo en el debate sobre la universidad. Se ha
convertido, en cierto modo como el determinante del futuro
de la universidad. El mercado como agente determinante está
por verse, del mismo modo que la ciencia no se hizo el
determinante del conocimiento.
Las reformas recientes se han visto inmersas en las
transformaciones económicas y políticas de la economía
global y el neoliberalismo. Desde la misma se provoca nuevas
prácticas dentro de la racionalidad económica implicada.
En este escenario, el estado ha asumido el discurso de la
precariedad realizando medidas presupuestarias que ha
mantenido a la universidad en una lógica de austeridad. Éste
más bien responde a las presiones externas o al contorno
universitario. Por otro lado, tenemos en el interior del
escenario universitario la crisis del conocimiento
científico y la emergencia de nuevos paradigmas que generan
nuevas prácticas pedagógicas, así como nuevas visiones y
prácticas sociales. Se generan discursos de resistencia y
alternativos a la omnipresencia del mercado, como también
generan discursos y prácticas que lo acompañan. Sobre este
aspecto se ha trabajado de modo limitado, de manera que el
debate más bien se ha quedado al interior de la universidad.
Durante el pasado siglo se dieron en la Universidad de
Puerto Rico probablemente tres gestiones reformistas. El
primer esfuerzo (1942) estaba enmarcado en el proyecto de la
modernización . El segundo esfuerzo (1966) estaba orientado
hacia la masificación y participación, y el más reciente
está dirigido hacia una nueva relación estado, mercado y
universidad.
La década de 1990 ha significado ser una era de grandes
transformaciones en la universidades. Éstas son el resultado
de las transformaciones en el mercado estado y avances
tecnológicos. El escenario histórico está enmarcado por una
economía global, un estado neoliberal y una sociedad del
conocimiento, cada una con sus exigencias o demandas sobre
la universidad. La economía global le plantea la
repatriación o renacionalización del conocimiento, así como
constituirse en un espacio para la expansión del
conocimiento necesario para la expansión del mercado. El
neoliberalismo le plantea que asuma su factura de modo que
elabore sus fuentes de ingreso donde la alianza con el
sector empresarial resulta prometedor. La alta tecnología le
propone una nueva organización del trabajo a través de las
cuales las anteriores resultan viables. Resulta paradójico
que, en el caso de Estados Unidos, el marco de referencia de
las reformas ha sido una de concebir la crisis de la reforma
en la educación superior como parte de la crisis de la
nación la cual se caracteriza por un “decremento en la moral
de la sociedad americana en una posición débil de los
negocios americanos en una economía competitiva”
(Ostovich,1995). Desde esta perspectiva se pierde el
discurso de lo global cuyo norte sea la colaboración,
cediendo a la competencia económica en una visión de mundo
de “aquellos” y “nosotros”. Esto constituye un elemento
peligroso del reformismo, particularmente desde el estado,
que opera disfrazado detrás de sus medidas de austeridad
para con las instituciones de educación superior,
rendimiento de cuentas, financiamiento y demandas e
incentivos para revisiones curriculares.
Al iniciarse la década de los noventa se gestan varias
iniciativas para discutir diversas propuestas reformistas
para la Universidad de Puerto Rico. Una de ellas cobró auge
durante la discusión de la revisión de la Ley Universitaria
del 1993. Esta revisión de ley conllevó dos cambios
fundamentales. Uno fue constituir una Junta de Síndicos que
asumiera la administración y gobierno de la Universidad de
Puerto Rico, y que el Consejo de Educación Superior asumiera
la función de acreditación y licenciamiento de las
instituciones de educación superior en Puerto Rico. El nuevo
cuerpo rector se ampliaba para integrar profesores y
estudiantes electos por sus pares. Como resultado de las
presiones de los grupos universitarios en el proceso de
legislar esta ley, se le encomendó a la nueva Junta de
Síndicos a que a los 18 meses de constituirse le sometiera a
la Legislatura una revisión de ley. Esta revisión de ley
requería la más amplia participación de la comunidad
universitaria. Se indicó que la revisión debería incluir la
descentralización y la tecnología como parte de su propuesta.
Una vez entra en rigor esta Ley, se retomaron iniciativas
reformistas de los diversos sectores de la comunidad
universitaria. Un espacio destacado fue el de Universitarios
Pro Reforma que integró en su gestión a docentes, personal
no-docente y estudiantes. El esfuerzo de este grupo
contribuyó a la labor de un esfuerzo institucionalizado
conocido como el Comité Institucional para la Revisión de la
Ley Universitaria (Reforma). Este Comité, creado por
certificación de la Junta de Síndicos en cumplimiento de la
Ley del 93, estaba integrado por docentes, personal no-docente
y estudiantes del Sistema Universitario. El mismo laboró
dentro de la paradoja de ser constituido como parte del
alcance de la Ley del 93, a la vez que se proponía adelantar
los reclamos que por más de una década reclamaban los
universitarios. Este Comité Institucional propuso cambios de
fondo que la Junta de Síndicos no estaba dispuesta a
respaldar. Estos estaban dirigidos a (1) fortalecer la
autonomía universitaria ( gobierno de sí misma con el
propósito de cumplir con los compromisos académicos e
intelectuales que le compete a los universitarios), (2)
proteger la Universidad de la intervención indebida de los
poderes públicos y privados, (3) descentralizar los poderes
y autoridades con el propósito de constituirse en una
organización ágil y competente ante los retos sociales
aceptados, (4) se reconozca la negociación colectiva como
una instancia que no está reñida con el co-gobierno y que
constituye una instancia democrática y ágil para llegar a
acuerdos para fortalecer al personal docente en el desempeño
de su labor, cuyo objetivo es la excelencia académica, en
cumplimiento de la misión universitaria. Los esfuerzos del
Comité Institucional fueron frustrados debido a lo que
algunos entienden era la ausencia de voluntad política.
Recientemente se ha retomado la reforma universitaria por
parte de la Comisión de Iniciativa de Afirmación
Universitaria (CIAU). El esfuerzo de esta comisión está
dirigido a enmendar la Ley Universitaria. La Declaración de
Principios del CIAU coincide con los reclamos y
planteamientos articulados en la gestión anterior del Comité
Institucional. Estos son: la autonomía, sistema
descentralizado, participación democrática y el interés
público.
Tanto los reclamos de la gestión del Comité Institucional
como los principios esbozados por la CIAU generan una serie
de planteamientos que a su vez levantan debates y tensiones
para los cuales no ha habido un espacio o foro que los
aborde. Es la intención del presente trabajo compartir y
discutir algunos de los mismos. El esfuerzo reformista es
uno amplio y complejo y de ninguna manera podríamos hacerle
justicia en el poco espacio de este trabajo. Es el objetivo
del mismo abordar, de manera modesta, algunas de las
tensiones y debates en torno a la reforma.
Revisión de la Ley Universitaria
La gestión reformista dirigida a revisar la Ley
Universitaria ha sido recibida con la resistencia
particularmente de personas que han ocupado la alta
jerarquía universitaria, como también de algunos colegas.
Entre los argumentos se encuentra que los reclamos
propuestos se pueden resolver desde la Ley actual. Esta
posición implica una versión reciclada de la misma lógica
política que acompañó las legislaciones anteriores. En
cierto modo se pasa por alto que la concepción jerárquica y
a la merced de los poderes públicos se están cuestionando.
Otra, oposición viene del temor de que la universidad se
someta a la voluntad de los legisladores y que los
resultados resulten en detrimento de los reclamos planteados.
La legislación de una nueva Ley no necesariamente responderá
a los intereses de la comunidad universitaria. Existe la
posición de que una ley no resuelve los asuntos que se han
venido discutiendo al interior del movimiento reformista. En
todo caso, siempre existirán espacios de perturbación y una
cultura organizativa que prevalece en la vida cotidiana de
la institución.
Resulta contradictorio que se recurra a la legislatura para
resolver asuntos del gobierno universitario, cuando se ha
proclamado la autonomía. La misión, gobierno y organización
de la Universidad de Puerto Rico ha sido legislada desde sus
inicios. Ha sido desarrollada partiendo de la modalidad
estadounidense. Al ser una universidad pública, le resulta
inevitable responder a los poderes del estado con todas las
implicaciones políticas que provocan tensión. La universidad
como institución social lo es precisamente porque está
montada sobre una estructura normativa que le ofrece una
base jurídica para sus actuaciones (Beltrán Llavador & San
Martín Alonso, 2000). Como organización genera sus propias
reglas y normas que le sirven de referencias para su
quehacer cotidiano y para cumplir con lo que considera
propio para sí (Beltrán Llavador & San Martín Alonso, 2000).
Toda organización tiene una diversidad de actores y agentes
que dejan a un lado sus propias concepciones, deseos y
creencias para cumplir con la estructura normativa. No
obstante, destacan Beltrán Llavador y San Martín Alonso
(2000) que “resulta inevitable que esos aspectos personales
emerjan de modo u otro en el curso del desarrollo de sus
tareas y en los encuentros entre los diferentes actores”. De
este modo se construye la cultura organizativa. Desde la
misma, los diferentes agente actores y agentes en su
relación interpersonal construyen sus propios entendidos y
modos de actuar. La cultura organizativa genera una
heterogeneidad de acuerdos, resistencias y maneras
particulares de relacionarse con la estructura normativa.
Siguiendo a Castoriadis “no es impensable, sin embargo, una
institución social cuyo fin sea la crítica y superación de
la propia sociedad que la ha instituido y hasta de la
institución misma”, (Llavador & San Martín Alonso, 2000,
p.47).
La autonomía
El hecho de ser una universidad del estado ha generado por
parte del mismo intervención en los asuntos de gobierno y
administrativos. La autonomía reclamada es el poder que
tienen los universitarios de tomar decisiones con respecto a
su funcionamiento. Universitarios Pro Reforma (1993)
definían autonomía como espacio y fuerza: el espacio
reconocido y necesario para el logro de la misión de la
universidad y la capacidad o fuerza también reconocida y
necesaria para hacer posible la gestión y logro. Ésta
procura el reconocimiento y respeto a su libertad y
autoridad para determinar el contenido de sus programas,
seleccionar el personal y regirse por las normas y criterios
propios de la academia (Universitarios Pro Reforma, 1993).
En el preámbulo de la constitución de la Asociación
Internacional de Universidades se declara como principio
fundamental el que se le reconozca a la universidad el
derecho a la persecución del conocimiento por sí solo y
seguir el camino que la búsqueda dirija, además de la
tolerancia a la opinión divergente y libre de la
interferencia política (Elmandjra, 2000).
La autonomía reclamada requiere que el estado no interfiera
con los asuntos del gobierno universitario, así como las
forma y contenidos de la enseñanza, investigación y servicio.
La misma está amenazada por la intervención
político-partidista que interfiere con los procesos de
nombramientos de las autoridades universitarias, la
aplicación de legislaciones que interfieren con sus
criterios y normas, la imposición de criterios de
organizaciones profesionales y la imposición de criterios
del mercado. Con respecto a la intervenció n
político-partidista se ha propuesto subvertir la estructura
jerárquica de la universidad y eliminar el criterio de
confianza y voluntad de autoridades superiores en el proceso
de nombramiento de la presidencia, rectorías, decanatos y
dirección departamental. Es por ello que se sugería
mecanismos de nombramientos donde la autoridad responde a la
base que los selecciona.
La intervención de organizaciones profesionales se ha
asumido como un mal necesario. Se evita que los programas
académicos se subordinen en su totalidad a los criterios de
estas organizaciones. No obstante, existen tensiones entre
el quehacer académico y profesional que están muy lejos de
resolverse. La tendencia a crear currículos homogéneos para
acomodar tanto programas académicos como profesionales
contribuye a exacerbar la tensión. Es por ello que se
requiere una diferenciación de los programas que les permita
desarrollarse y fluir, evitando imponer criterios
irrelevantes e innecesarios. Esta tensión no ha recibido la
atención que amerita. Sale a la superficie de manera
solapada en discusiones curriculares. Ha habido un acuerdo
de que los asuntos curriculares no son legislables o materia
de ley. Por el contrario es asunto del ejercicio de la
autonomía universitaria.
La intervención del mercado ha acompañado el desarrollo de
la Universidad de Puerto Rico. Es claro el acompañamiento de
la programación de la universidad en función del proyecto de
desarrollo económico (Ramos, 1996). No obstante, se concebía
como parte de la relación o pacto universidad-estado para
producir los profesionales que lo administrara así como la
fuerza laboral para la producción. La injerencia del mercado
se da a través del discurso del “conocimiento útil” práctico
orientado al empleo y las necesidades económicas del sector
privado (Neave, 2000). Este discurso provoca reorientaciones
curriculares donde se privilegia el conocimiento mercadeable.
También genera una serie de políticas institucionales que
viabilizan la relación universidadempresas. Respondiendo a
esos propósitos, el plan de desarrollo económico de la
administración de gobernador Pedro Rosselló articuló una
política de ciencia y tecnología. Como resultado, la
Universidad de Puerto Rico adoptó una política institucional
de ciencia y tecnología, de derechos de autor, centros
multi-campus y multidisciplinarios y de práctica intramural
que la fortalece en su afán de formar parte del régimen
empresarial. Es nuestra hipótesis que una vez se adoptaron
estas políticas institucionales, no había interés por parte
de los políticos y las autoridades universitarias en atender
los reclamos de revisión de Ley propuesto por los
universitarios. En eso estriba la ausencia de voluntad
política.
El rendimiento de cuentas (accountability) resulta ser un
asunto que atraviesa la autonomía universitaria. En la
medida que recibe fondos del estado se le exige responder
por ellos. La visión de la autonomía no está reñida con esta
responsabilidad. Sin embargo, en la medida que el estado se
ha distanciado de su papel de servicio público por un lado y
las insuficiencias para financiar la Universidad por otro
lado, le ha llevado a generar criterios que implican cambios
en el quehacer universitario. Se le presiona a que genere su
propio ingreso. De modo que los docentes tienen que ocuparse
de elaborar mecanismos para aumentar su salario. Por otro
lado, se ha estado planteando la posibilidad de asignar el
presupuesto en función de la productividad y el desempeño.
El peligro de estas modalidades es que se implantan
criterios empresariales y políticos que trastocan su
capacidad de crear condiciones de autonomía y libertad de
cátedra, su papel emancipador y transformador. En el proceso
de exigir cuentas a la Universidad se ha olvidado como
señala Kaplan (2000) que:
“la universidad nunca ha sido mero reflejo o producto de
otras estructuras y fuerzas ni simple instrumento de una
clase, institución o poder. Tampoco ha sido mera sede de un
saber desencarnado, de una especulación abstracta, de una
producción y distribución rutinarias de conocimientos, de
una libertad académica en abstracto, al margen de fuerzas,
procesos y situaciones históricamente concretas”. (p. 53)
Gobierno
Según Balderston (citado por Gumport & Sporn, 1999) gobierno
se refiere a la distribución de autoridad y funciones entre
las unidades de unidad más amplia, sus modos de comunicación
y maneras de controlarlos y las maneras de relacionarse la
entidad con su entorno. Ha sido nuestra interpretación que
el gobierno universitario es la estructura a través de
autoridades y responsabilidades dirigidas al sosiego que
ofrece la gobernabilidad de los actores y agentes sociales.
Las estructuras de gobierno tienen una teoría política que
la sostienen.
Históricamente, las universidades han luchado por el
autogobierno. La universidad era gobernada por una comunidad
de colegas unidos por su lealtad entre ellos y la
institución (Ross, 1976). Afirma Ross (1976) que la idea de
tal comunidad viene de los monasterios y gremios medievales.
En los monasterios el jefe consultaba a los monjes y
posiblemente de ahí el concepto de que “toda autoridad
legítima se deriva del consentimiento de los gobernados”.
Este concepto fue acuñado por la mayoría de las
universidades. Las consultas resultaban en consejos formales
en los cuales se comprometían votos para limitar la libertad
y autoridad de los rectores. El autogobierno y maneras de
consultas tuvieron su transformaciones y variantes a través
de la historia así como las universidades. En la universidad
estadounidense, modelo del cual se basa la Universidad de
Puerto Rico, su historia constitucional ha sido devolver la
autoridad en asuntos académicos que tiene las juntas de
síndicos y presidentes a los departamentos y sus miembros
individuales (Ross, 1976). El concepto de Junta de Síndicos
compuesta de ciudadanos laicos fue una estrategia del siglo
dieciocho. La mayoría de las universidades públicas
estadounidenses no se desarrollaron como agencias del estado
bajo ministerios de educación en la tradición europea, sino
más bien como corporaciones públicas paralelas a la forma de
las privadas. Se generalizó la práctica de entregar el
gobierno universitario a juntas de control (Ross, 1976).
Las universidades estadounidense se quedaron atrás,
comparadas con el Reino Unido y Canadá, con respecto a la
participación de la facultad en el gobierno. Destaca Ross
(1976) que esto se debe a que el modelo o perspectiva de los
dirigentes universitarios era de tipo empresarial. Tenían
una actitud de hombres de negocio en la cual la facultad era
percibida como empleados y a los mismos no se les da
participación en asuntos de la empresa. Esta actitud era de
esperarse ya que las juntas estaban compuestas por
ciudadanos del sector empresarial y comercial. Desde esta
modalidad surge una nueva forma de organización conocida
como administración, la cual la componen el presidente,
decanos, “staff” de negocios y unos pocos profesores de
rango mayor. A partir de la década de l960 surgen
movimientos mayores para darle participación a los docentes.
Se crean las estructuras de los senados académicos. Se ha
entendido que el razonamiento para abogar por la
participación de los docentes en el gobierno universitario
es el que tienen el peritaje, conocimiento y experiencia
para gobernar. Según Ross (1976) la lógica de la reforma de
los 60 es diferente en la medida que se procura la
participación estudiantil y de los empleados basada en que
poseen ciudadanía organizacional. Esta visión de los
docentes como los expertos limita ampliar a la participación
de los estudiantes y empleados. La American Association of
University Professors (1990), establece que el gobierno de
las universidades requiere el reconocimiento de que se tiene
que promover la acción conjunta de los diversos sectores
tanto dentro de la estructura institucional como en la
protección de su integridad contra la intrusión impropia.
Las acciones conjuntas pueden cobrar un infinito de formas,
no obstante, se considera importante que se garantice que:
(1) un área importante de acción implica involucrar en un
momento u otro la iniciativa y participación en la toma de
decisiones de todos los componentes y (2) la diferencia en
el peso de la voz de cada componente, de una etapa a otra
debe ser determinada por la referencia de responsabilidad de
cada componente para el asunto particular. Los trabajos
referidos nos sugieren que los criterios para adoptar
variantes de participación de los componentes de la
universidad deben ser el nivel de peritaje y el nivel de
responsabilidad que le compete a los componentes. Estos
criterios y la idea de ciudadano organización constituyen
una tensión que requiere mucho más discusión y estudio.
La literatura en torno a la educación superior ha
identificado varios modelos o modalidades de gobierno
universitario. Entre ellos se encuentra la nomenclatura
sugerida por Baldridge, Curtis, Ecker y Riley (1991). Estos
autores hacen referencia al modelo colegial, burocrático y
el político. El modelo colegial se ampara en una
organización gobernada por expertos y el líder se considera
el “primero entre pares”. El liderato asume un papel de tipo
facilitador en el cual recoge el juicio experto y en lugar
de dirigir u ordenar persuade y negocia. En el modelo
burocrático se visualiza al liderato como un héroe que se
encuentra en la cima de una pirámide de poder. El papel de
este héroe es avaluar problemas, proponer alternativas y
tomar decisiones racionales. En el caso del modelo político
el líder es un mediador o negociador entre bloques de poder.
Desde este modelo se establecen alianzas para introducir los
cambios deseados. Destacan estos autores, que hoy en día las
decisiones fundamentales se toman por la presidencia con
administradores claves como, lo son vicepresidentes,
investigadores, relacionistas públicos, jefes de presupuesto
y finanzas. Según Cohen y March (2000) la organización
académica es una anarquía organizada con un mínimo de
coordinación central o control. Desde este modelo se elabora
una estructura suelta donde el liderato es relativamente
débil y las decisiones se toman a menudo como el resultado
de una actividad no planificada. A los individuos se les
permite ir en diversas direcciones sin una coordinación
central. La presidencia y liderato administrativo funcionan
como facilitadores o catalíticos de un proceso continuo.
Nuestro análisis de las diversas instancias del gobierno en
la Universidad de Puerto Rico nos sugiere que el proceso de
toma de decisiones fluye y transita entre los diversos
modelos descritos. La coexistencia de esta forma provoca
tensiones y conflictos que salen al relieve en momentos de
decisiones críticas. En foros como el senado académico, en
el cual participan los docentes, estudiantes y docentes
administrativos, se cuestiona qué componente debe tener más
peso en la decisión final. El hecho de someter las
decisiones a votación no resuelve esta tensión subyacente.
La coexistencia de criterio de expertos, racionalidad y
grupos de presión tiende a prolongar el proceso decisional,
el cual es a su vez boicoteado en el proceso de implantación.
La Universidad de Puerto Rico tiene una estructura de
gobierno jerárquica donde toda decisión académica, fiscal y
administrativa está subordinada a la autoridad mayor
conocida como Junta de Síndicos, con una serie de instancias
intermedias tales como la presidencia con su Junta
Universitaria.
Durante los años 1989 al 1991 González (1994) realizó una
encuesta sobre la percepción que tiene la comunidad
universitaria sobre el poder y la participación. Podríamos
interpretar de los resultados de esta encuesta, que el
personal docente consultado percibía que su participación es
más efectiva a nivel departamental y de facultad. El impacto
de la misma se va perdiendo en la medida que las decisiones
tomadas en los niveles de base requieren la aprobación de
autoridades superiores. Para los docentes consultados, la
participación se define en función de formar parte del
proceso decisional o tener acceso a la toma de decisiones.
En la Universidad de Puerto Rico tenemos una serie de
instancias para la toma de decisiones montadas en una
estructura piramidal, lo que produce lo que González
denomina como una seudo-participación. En parte, la
insatisfacción con esta estructura ha provocado con el
tiempo el que el personal asuma indiferencia y desconfianza
en las formas de participación. Esta indiferencia y
desconfianza se fortalece en la medida que las políticas
sociales del gobierno conforman políticas institucionales
impuestas desde las autoridades administrativas. Por ejemplo,
es común que, como resultado de un discurso de crisis
fiscal, se impartan directrices desde la presidencia o Junta
de Síndicos que recorte cierto porcentaje de los gastos, con
las implicaciones que tienen estas medidas en ejercicio de
las responsabilidades de las unidades, así como en el
desarrollo de sus proyectos.
Esta tensión ha contribuido al reclamo de un cambio en la
estructura de gobierno universitario. La experiencia de
revisión de Ley tanto en el 1995 como el más reciente ha
propuesto cambios sustanciales a la estructura de gobierno.
Han propuesto cambios en el razonamiento político de la
estructura que más bien se refleja en los cambios propuestos
para la selección de la Junta de Síndicos, presidencia,
rectoría, decanatos y dirección departamental. Se propone
subvertir la representación de estos administradores de modo
que se responda a la confianza e intereses de las unidades
base.
La propuesta de cambio en el gobierno que implica moverse
desde abajo hacia arriba deben tomarse con la debida crítica.
El bienestar de la institución requiere una interacción
eficaz entre los niveles, como también elaborar una re-estructuración
de gobierno cuyas decisiones reconozca la diversidad y
resistencias de los diferentes actores y agentes. Un reto
será el romper con la jerarquía piramidal creando
estructuras más horizontales. Esto implica eliminar
instancias intermedias de modo que se fortalezca la
autoridad de instancias representativas de las unidades como
el Senado Académico y las unidades de base como los
departamentos.
La descentralización ha sido un planteamiento de fuerza en
las propuestas de reforma. De hecho la Ley del 93 establece
que se deberá incluir la descentralización como parte de una
revisión de la Ley Universitaria. La descentralización se
define en términos de gerencia como una distribución amplia
del poder y autoridad en y entre organizaciones (Bauman,
1996). En términos estructurales, la descentralización
implica mover la autoridad de una cadena jerárquica y
autocrática hacia un modelo más horizontal y de toma de
decisión colaborativa, (Bauman,1996). Afirma Bauman (1996)
que existen otros términos que representan planes para
descentralizar instituciones tales como gerencia de base y
la toma de decisión colaborativa. Cobró auge en los 1990’
con el concepto de reinventando el gobierno de Osborne y
Gilbert. Es un término político popular que requiere delegar
autoridad y cambios en el balance de poder entre las
personas. Es por ello que las dimensiones políticas e
interpersonales requeridas deben considerarse con cuidado.
Tanto el Comité Institucional como la CIAU han considerado
fundamental la descentralización administrativa, fiscal y
académica. Esto implica fortalecer la toma de decisiones de
los recintos y las unidades de base al interior de los
mismos. Asumir la descentralización como punto de partida de
una re-estructuración en el gobierno universitario requiere
la eliminación de instancias centralizadoras como lo es la
Administración Central y redefinir las funciones de la Junta
de Síndicos, presidencia, rectoría, decanatos y
departamentos, de modo que se empoderen las unidades de
base. La descentralización es un mecanismo de hacer más ágil
la institución en la toma de decisiones y procesos
administrativos y fiscales. Ceder poderes a las unidades en
la base universitaria tiene que estar acompañada por
responsabilidades adicionales, lo que alteraría la
organización de trabajo académico.
Co-gobierno y negociación colectiva
La propuesta de negociación colectiva es un reclamo que data
desde la década de 1970. Desde entonces, asociaciones de
profesores tales como la Asociación Puertorriqueña de
Profesores Universitarios (APPU) se han definido a sí mismas
como organizaciones sindicales (Vélez Cardona, 2001). Como
resultado de la gestión de ésta organización, para la década
del 1980 la Junta de Relaciones de Trabajo reconoció el
derecho de los docentes a negociar colectivamente. No
obstante, la administración universitaria apeló dicho
reconocimiento y el Tribunal Supremo, aduciendo que los
docentes tenían funciones gerenciales, falló a su favor. De
este modo hizo hincapié en la tensión co-gobierno y
negociación colectiva que construyen las administraciones
universitarias con el propósito de cerrarle este espacio a
los docentes. Como resultado de la decisión del Tribunal
Supremo se ha recurrido a la vía legislativa para alterar
esta política pública.
La gestión reformista reciente ha construido la negociación
colectiva como (1) derecho humano, (2) un espacio con el
cual no cuentan los docentes y los pone en una posición de
desventaja al compararse con otros sectores que negocian
colectivamente y (3) es un foro o instancia de participación
democrática para los docentes. Los foros deliberativos en
los cuales participan los docentes han agotado sus
posibilidades para lograr las reivindicaciones económicas y
sociales que se alcanzan a través de la negociación
colectiva. Hemos mencionado que los docentes cuentan con una
seudoparticipación. Los acuerdos tomados en foros del
departamento, facultad, claustro y senado académico están
sujetos a la aprobación de instancias superiores. Además,
estos cuerpos son considerados como asesores y no tienen el
poder financiero para implantar sus decisiones. No
participan de la aprobación de presupuesto. Es también
conocido el hecho que las decisiones en estos espacios
institucionales no se dan con la celeridad que requieren
asuntos de condiciones laborales. Los acuerdos en estos
foros no implican un convenio en el cual las partes honran
el compromiso contraído.
La negociación colectiva en las universidades
estadounidenses es el resultado de las luchas sociales de
los 1960, la política de austeridad del estado que se
implanta ya en los 1970, masificación de la educación
superior y la alta burocratización, entre otras razones (Vélez
Cardona, 2001). Desde los inicios de la creación de las
uniones docentes en estas universidades, ha habido un debate
forzado por la tensión co-gobierno y negociación colectiva.
Colegas docentes han tenido preocupación en cuanto a si la
negociación colectiva implica la eliminación de los senados
académicos, así como las instancias de participación
tradicionales.
La preocupación con respecto a los espacios como el senado
académico se pueden entender debido a que el modelo de
negociación colectiva más común en sus inicios (aunque
prevalece) se monta en la cultura industrial. Por lo
general, se parte del antagonismo los docentes y la
administración, condición necesaria para que se abra paso a
las uniones o sindicatos. Las investigaciones han encontrado
que existe una coexistencia armoniosa entre co-gobierno y
uniones, así como sistemas de gobierno protegidos en
convenios colectivos, (Maitland & Rhoades, 2001). Unionarse
no implica que los docentes tienen que renunciar a la forma
colegial en el proceso de toma de decisiones. Parte del
ímpetu de la unionización ha sido fortalecer la
participación de los docentes en el gobierno institucional
(Maitland & Rhoades, 2001).
Se ha encontrado que las uniones y senados académicos
colaboran y deciden que responsabilidades asumir (Naples,
1991). Si bien es cierto que la tradición universitaria es
el co-gobierno, también es cierto que existen intereses
encontrados entre los docentes y la administración. Esto es
particularmente así, en situaciones tales como el aumento de
la matrícula en las sesiones por el sólo motivo de probar
costo beneficio, la eliminación de las permanencias, entre
otras. La negociación colectiva amplía los espacios de
participación del sector docente. Por décadas los docentes
han reclamado un foro que les permita adelantar propuestas
laborales y académicas que propicien la excelencia académica.
La negociación colectiva de ninguna manera atenta contra la
participación docente en el gobierno universitario. Los
cambios inevitables en las formas de participar y
organización de trabajo se habrán de construir con el tiempo.
Conclusión
El debate de la reforma universitaria forma parte de una
compleja crisis de lo universitario y un proyecto nacional.
Coincidimos con Kaplan (1998) en que:
“la cuestión crucial, que condiciona el problema, articula
el debate, y le da su trasfondo y su significación, puede
resumirse así: ¿Qué universidad se quiere y se busca, para
qué tipo deseable de sociedad y Estado, en función de qué
camino y estilo de desarrollo?”
Estas preguntas nos retan a enfrentar el futuro de la
universidad con la investigación y el debate para responder
a ellas con los posicionamientos políticos implicados que
hasta el presente no han sido asumidos.
Referencias
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de la Universidad de Puerto Rico y Asociación Puertorriqueña
de Profesores Universitarios. 31 de agosto de 1989.
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